El Congreso de Nicaragua aprobó este viernes una reforma constitucional que otorga al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, como “copresidenta”, un control absoluto de los poderes del Estado.
La Asamblea Nacional (legislativo), controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), aprobó “por unanimidad” la iniciativa presentada el martes por el mandatario, anunció el jefe parlamentario Gustavo Porras ante el plenario.
La polémica reforma amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, y confirma el poder que ya tiene Murillo al igualarlo al de Ortega, pues eleva su rango de vicepresidenta a copresidenta.
El texto concede un poder total al Ejecutivo, pues establece que los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que antes la Constitución reconocía como independientes.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007. Desde entonces, señalan sus críticos, ha instaurado una “dictadura” y el “nepotismo” junto a su esposa, seis años menor.
Ambos radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Estado “revolucionario”
La reforma, que fue aprobada en primera legislatura y lo será en segunda legislatura en enero -reconoció Porras-, desató una ola de rechazos de los nicaragüenses en el exilio y organismos internacionales, a la que se sumó Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la reforma, Nicaragua es definida como un Estado “revolucionario” y socialista”, e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
Para Azahálea Solís, experta en derecho constitucional, eso deja por fuera proyectos políticos de otras ideologías, y Salvador Marenco, abogado de derechos humanos exiliado en Costa Rica, aseguró que es el fin de la separación de poderes y el pluralismo político en Nicaragua.
“Todo lo que está ahora en la reforma es lo que, de hecho, ha estado pasando en Nicaragua: una dictadura de facto. Lo nuevo es que ahora estará en la Constitución”, aseguró a la AFP la excomandante guerrillera Dora María Téllez, quien estuvo presa y vive exiliada en Estados Unidos.
Control social
La reforma establece el control social no solo de la prensa, Iglesia y entidades económicas, sino que también oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los considerados “traidores a la patria”, como hizo el gobierno con unos 450 críticos y opositores.
Durante las masivas protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes. Miles de personas partieron al exilio.
En la reforma, el gobierno propone la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, como “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad.
